La imagen de policías españoles reduciendo con violencia a una manifestante que protestaba por Palestina simboliza, en pequeña escala, lo que ocurre a diario en Gaza: un pueblo sometido a ataques sistemáticos que han pulverizado hospitales, escuelas, viviendas y servicios básicos. La ONU y múltiples ONG humanitarias han documentado cómo la población civil vive en condiciones de asedio permanente, sin agua, sin electricidad y sin acceso a medicamentos.
Los hospitales destruidos son una de las huellas más crueles de este conflicto. El sistema sanitario ha quedado “al borde del colapso total”, según Médicos Sin Fronteras y la OMS, con médicos que operan sin anestesia y pacientes que mueren por la imposibilidad de recibir atención. Esta destrucción deliberada de infraestructura sanitaria constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Al mismo tiempo, los niños palestinos enfrentan hambre y desnutrición. UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos han denunciado un aumento alarmante de la malnutrición aguda en Gaza. Las madres no tienen cómo alimentar a sus hijos y los bebés llegan al hospital con peso críticamente bajo. El hambre no es una consecuencia inevitable de la guerra, sino el resultado de un bloqueo que restringe la entrada de alimentos y combustible.
Por ello, organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia han empezado a analizar si lo que ocurre en Gaza constituye genocidio. Sudáfrica presentó una demanda bajo la Convención de 1948 y España, en un gesto relevante, se adhirió a ese procedimiento para subrayar que no se trata de un debate abstracto, sino de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
En este contexto, resulta grave que partidos como Vox y el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo hayan mostrado reticencias a que España se sume de manera firme a estas denuncias internacionales. En votaciones parlamentarias recientes, ambos partidos han rechazado o relativizado iniciativas que pedían reconocer el genocidio o fortalecer la condena contra la ofensiva israelí. Minimizar el sufrimiento palestino equivale a blanquear la impunidad.
Los informes de Human Rights Watch y de la ONU describen un “efecto catastrófico” sobre la población civil. Hablar de hospitales atacados, de hambrunas inducidas y de la muerte de miles de inocentes no es exageración: es constatar hechos documentados. Frente a esa evidencia, la negación o la equidistancia política se convierte en complicidad moral.
Aquí es donde cobra valor la voz de intelectuales como Xabier Pikaza, quien ha insistido en que no se puede mirar hacia otro lado cuando los débiles son masacrados. Pikaza recuerda que la ética cristiana y la conciencia democrática se fundan en el reconocimiento del otro como hermano, y que callar ante el sufrimiento equivale a justificarlo.
La política española tiene un deber ético y legal. No basta con declaraciones tibias: hay que apoyar la ayuda humanitaria, abrir corredores seguros, respaldar investigaciones imparciales y exigir responsabilidades penales internacionales. El silencio, las medias tintas o el cálculo electoral colocan a quienes los practican del lado equivocado de la historia.
Y aquí llegamos a lo más inquietante: mientras en Gaza se bombardean hospitales, en España se reprime a quienes levantan la voz contra esa barbarie. La porra y la rodilla del policía sobre la manifestante no son un simple exceso: son la imagen del poder político que prefiere aplastar la solidaridad antes que incomodar a sus aliados internacionales.
La misma mano que aprieta el cuello de una activista en nuestras calles es la que, en los parlamentos, blanquea el genocidio con votos y silencios cómplices. Y a esa mano, tarde o temprano, la historia se la cobrará.
