En Galicia se ha levantado un monumento al cinismo: residencias para mayores construidas con supuestas donaciones altruistas de multimillonarios, entregadas con boato institucional, y, acto seguido, ofrecidas al mejor postor del mercado privado. Todo bajo una retórica de servicio público que no es más que el disfraz decoroso del desmantelamiento sistemático del Estado. Esta es la herencia de Alberto Núñez Feijóo y la continuación que ejecuta Alfonso Rueda con la complicidad servil de la Xunta de Galicia.
En 2019, el expresidente Feijóo firmaba un convenio con la Fundación Amancio Ortega (FAO) para levantar siete residencias de mayores en Galicia, prometiendo más de 900 plazas públicas. La operación fue vendida como la mayor muestra de filantropía en la historia gallega. En realidad, fue el arranque de una jugada perfectamente calculada: sustituir la inversión pública por “donaciones” de una fundación privada, y más tarde entregar la gestión de esos centros —pagada con dinero público— a empresas privadas con claros vínculos de poder.
Es el caso de las residencias de Eirís (A Coruña) y A Eiriña (Pontevedra). La FAO construyó los edificios, la Xunta organizó actos solemnes con Flora Pérez Marcote —esposa de Ortega— y luego, discretamente, en febrero de 2025, inició su proceso de privatización. El concurso público para su gestión se ofrece por más de 41 millones de euros durante cinco años. ¿Las candidatas? Empresas como Clece, propiedad del todopoderoso Florentino Pérez, y Eulen, cuya delegada en Galicia es Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente. La trama no se oculta; simplemente ya no necesita disimular.
Mientras el Gobierno gallego repite el mantra de la colaboración público-privada, la realidad es que durante los 15 años de gestión del PP, la Xunta no ha construido ni una sola residencia de gestión pública integral. Ni una. Todo lo que se ha hecho ha sido mediante la cesión progresiva del cuidado a entidades privadas o supuestas fundaciones sin ánimo de lucro, como FESAN, una institución creada por un exdiputado del PP y beneficiaria de subvenciones públicas durante años. Cuando la derecha habla de “vocación de servicio”, en realidad se refiere a su vocación de servir a los suyos.
Feijóo lo dejó claro en su habitual tono de superioridad moral: “Si la vocación de servir no existe, ¿cómo se explica que tantos empresarios quieran ayudar de forma desinteresada?” Pero no hay nada desinteresado en esta ecuación. La FAO pone el ladrillo, el Estado garantiza la financiación de la gestión, y las empresas se llevan el beneficio. Es una externalización encubierta del bienestar social, en la que el poder público se convierte en gestor de subvenciones a los grandes capitales bajo el disfraz de eficiencia.
La supuesta filantropía de Amancio Ortega ha sido una tapadera perfecta. A través de su fundación, Ortega construye edificios públicos con dinero privado que luego utiliza para acaparar legitimidad social y política, al tiempo que su grupo empresarial, Inditex, sigue engordando beneficios con condiciones laborales cuestionables, evasión fiscal y explotación global. Pontegadea, su brazo inversor, participa en el capital de grandes cadenas de residencias, como DomusVi, tristemente conocida por sus escándalos de abandono y recorte sistemático de servicios.
Durante la pandemia, el 94% de las muertes por COVID en Galicia se produjeron en residencias privadas. El modelo ya había fracasado. No se trata de un error de cálculo, sino de una decisión política deliberada: convertir el cuidado en un nicho de mercado, desmantelar los servicios públicos y garantizar beneficios a los amigos del poder. Es una economía política del abandono.
Lo que indigna no es solo la privatización, sino el descaro. La Xunta convoca actos institucionales para “recibir” donaciones de Ortega, mientras en paralelo saca a concurso su gestión por cifras millonarias. No hay voluntad de garantizar el derecho al cuidado, sino la intención de crear circuitos cerrados de negocio con lo público como moneda de cambio. Los mayores, los más vulnerables, son tratados como unidades de facturación.
Y lo que es peor: se ha instaurado una cultura de la dependencia filantrópica. Se nos educa a aplaudir al multimillonario que “nos dona” lo que el Estado debería proveer. Se celebra que las arcas públicas “se ahorren” el coste de construir infraestructuras esenciales, como si los derechos pudieran depender de la generosidad del más rico. La filantropía, en este contexto, no es generosidad, es blanqueo. Es dominación simbólica.
Quien controla el cuidado, controla también el relato sobre el valor de la vida. Lo que Feijóo y Ortega han articulado es un sistema de gestión de la fragilidad donde el sufrimiento se subcontrata, se presupuesta y se licita. Bajo el pretexto de mejorar la calidad del servicio, se han institucionalizado la precariedad y la desprotección. Es un modelo donde lo humano se degrada a categoría de negocio.
La única respuesta digna es la recuperación de lo público. No podemos permitir que el bienestar de nuestros mayores dependa del capital privado. Las residencias deben ser construidas, gestionadas y supervisadas por el Estado, con personal cualificado, condiciones laborales justas y estándares éticos sólidos. Todo lo demás es colaborar con una estructura que ha demostrado su desprecio por la vida.
