El reciente artículo del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, sobre el Valle de los Caídos —hoy Valle de Cuelgamuros— vuelve a poner sobre la mesa la batalla cultural que determinados sectores eclesiales mantienen desde hace décadas. Su texto no es una reflexión espiritual ni histórica, sino una defensa explícita de un relato político, revestido de una pátina religiosa que no oculta su alineamiento con posiciones ideológicas muy concretas. Y es precisamente por eso por lo que merece una respuesta crítica.

Sanz presenta el Valle como un símbolo de reconciliación, como un espacio espiritual violentamente profanado por la política contemporánea. Pero este planteamiento ignora deliberadamente aquello que la historiografía seria ha explicado durante décadas: ese monumento no puede comprenderse sin el contexto represivo, ideológico y propagandístico de la dictadura franquista. No se trata de reinterpretar la historia con filtros actuales; se trata de no extirpar quirúrgicamente los aspectos incómodos que explican por qué ese lugar nunca fue un punto de encuentro para todos los españoles.

El arzobispo insiste en la idea de reconciliación bajo la cruz, pero pasa completamente por alto un hecho esencial: el Valle de los Caídos fue concebido por el régimen como un monumento de victoria, no de reconciliación. La retórica oficial del franquismo —especialmente a partir de los años 50— intentó suavizar esa imagen, pero lo hizo sin renunciar jamás al control de la memoria ni al empleo del símbolo religioso como legitimación política.

A ello se suma la cuestión de los trabajadores que construyeron el complejo. No es preciso recurrir a ideologías para reconocer que el uso de presos políticos en condiciones extremadamente duras está ampliamente documentado. Las llamadas “redenciones de penas por el trabajo” no fueron un programa humanitario: fueron un mecanismo de control, coacción y disciplinamiento. Reducir esas experiencias al silencio en nombre de una supuesta paz espiritual es borrar a quienes ya fueron silenciados en vida.

Un punto especialmente delicado es el uso que hace Sanz de la figura de los papas Pío XII y Juan XXIII para sostener la supuesta pureza del proyecto original. Aquí conviene introducir matices que él omite por completo. La figura de Pío XII está rodeada de un debate histórico intenso: no es adecuado afirmar que colaboró con el nazismo —la investigación seria no sostiene eso—, pero sí es innegable que su silencio ante el Holocausto y su política extremadamente prudente frente a Hitler generaron una controversia moral que persiste hasta hoy. Utilizar su autoridad como garante incontestable de un proyecto político-religioso del franquismo resulta, como mínimo, una operación historiográfica incompleta y orientada.

Por otra parte, presentar las decisiones papales como una validación ética del Valle es ignorar algo fundamental: que la Iglesia de la época actuó en un marco geopolítico complejo, con un Concordato firmado con una dictadura confesional, y que la asignación de títulos eclesiales a aquel lugar fue parte de una estrategia diplomática mucho más amplia, no necesariamente un juicio teológico sobre la calidad moral del proyecto franquista.

En otro tramo del texto, Jesús Sanz afirma que las políticas actuales de memoria pretenden “imponer un relato ideológico” y reabrir heridas. Pero este argumento, tan frecuente entre quienes se oponen a las leyes de memoria, vuelve a invertir causas y consecuencias. No es la memoria lo que reabre heridas, sino el silenciamiento. Y si España arrastra todavía fracturas es precisamente porque durante décadas solo hubo un relato permitido, el del vencedor, y porque lugares como el Valle fueron instrumentos de monumentalización de ese relato.

Además, su denuncia de la “resignificación” del espacio incurre en una contradicción evidente: critica que se quiera ofrecer una lectura histórica en el acceso al recinto —que él interpreta como adoctrinamiento—, pero considera completamente natural que durante décadas se haya impuesto un relato religioso-político como única interpretación oficial del lugar. La resignificación no es un ataque; es una corrección democrática, un intento de garantizar que un espacio público cuente la historia completa y no solo la versión construida por una dictadura.

Donde el texto de Sanz resulta más llamativo es en su tono políticamente beligerante. Cuando denuncia la “agenda ideológica” del Gobierno, lo hace desde una autoridad episcopal que, lejos de la neutralidad pastoral, ha mostrado una proximidad pública hacia posiciones ultraconservadoras y discursos afines a la extrema derecha, algo que diversos medios han señalado repetidamente y que forma parte del debate interno dentro de la propia Iglesia española. Esto no invalida sus argumentos, pero explica su marco de interpretación: su lectura del Valle no es teológica; es culturalmente militante.

Lo verdaderamente preocupante es que esta visión reduce el cristianismo a un instrumento identitario, como si la cruz necesitara ser defendida en términos de geopolítica interna. La paradoja es evidente: mientras Sanz denuncia un supuesto “duty free ideológico”, él mismo construye una narración que transforma la historia en un arma de trincheras. Su texto no invita a la reconciliación; invita a la confrontación contra quienes no comparten su interpretación.

Una memoria madura no teme la verdad completa. Una memoria cristiana, incluso más, debería poner el foco en las víctimas, no en las estructuras que las silencian ni en las estéticas monumentales que las diluyen. Si el Valle tiene hoy un significado conflictivo no es porque alguien quiera resignificarlo, sino porque su significado original nunca fue compartido por todos.

Y si de reconciliación se trata, tal vez el primer paso sea escuchar a quienes durante décadas no pudieron hablar, no blindar un relato parcial invocando un pasado sacralizado que nunca lo fue para todos.