La reciente aprobación del proyecto de celulosa promovido por Altri y Greenalia en Palas de Rei ha puesto de manifiesto una vez más la cuestionable política medioambiental de la Xunta de Galicia y del Partido Popular de Alfonso Rueda. A pesar de la oposición social y las duras críticas de diversos sectores, el gobierno autonómico ha decidido dar luz verde a esta iniciativa bajo el pretexto de su viabilidad ambiental. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y plantea serias dudas sobre el impacto ecológico y social de esta controvertida operación industrial.
Un informe con condiciones, pero sin garantías
La administración autonómica ha insistido en que la decisión fue tomada por los técnicos, y que la declaración de impacto ambiental asegura que el proyecto es viable. No obstante, esta afirmación se sustenta en una serie de condicionantes y requisitos que, en la práctica, resultan difíciles de fiscalizar y de hacer cumplir. La experiencia en otros casos similares sugiere que los mecanismos de vigilancia ambiental rara vez son efectivos, y las empresas suelen encontrar resquicios legales para sortear controles o reducir costos a expensas del ecosistema.
Además, la localización de la planta y sus infraestructuras asociadas en distintos puntos de Lugo, A Coruña y Pontevedra multiplica los riesgos ambientales. La tala masiva de árboles, el consumo excesivo de agua y el vertido de residuos industriales representan amenazas directas para la biodiversidad y para la calidad de vida de las comunidades rurales cercanas. Se ha vendido el proyecto como una oportunidad económica, pero poco se ha debatido sobre el coste real que esto implicará a largo plazo para el medio ambiente y para el tejido social de la región.
La insistencia de la Xunta y el Partido Popular
Desde el inicio, la Xunta ha defendido el proyecto como una iniciativa estratégica, alineada con su discurso de crecimiento económico y generación de empleo. No obstante, esta visión economicista ignora el impacto negativo sobre sectores como el turismo rural y la agricultura, que dependen de la conservación del entorno natural. Es más, la imposición de este modelo extractivista genera una dependencia de grandes corporaciones y favorece un desarrollo desigual que no necesariamente beneficia a la población local.
Bajo el liderazgo de Alfonso Rueda, el Partido Popular ha continuado con la misma lógica de industrialización a cualquier precio, privilegiando a ciertos sectores empresariales en detrimento de un desarrollo verdaderamente sostenible. Su retórica sobre la neutralidad técnica de la decisión se desmorona ante el peso de los intereses económicos en juego, en un contexto donde las políticas ambientales quedan subordinadas a la rentabilidad privada.
La resistencia social y el futuro incierto
El rechazo al proyecto por parte de amplios sectores de la sociedad gallega es una señal inequívoca de que la ciudadanía no comparte la visión de la Xunta. Organizaciones ecologistas, colectivos vecinales y grupos políticos de la oposición han expresado su preocupación por las consecuencias irreversibles de esta industria y han denunciado la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones.
Las promesas de empleo y desarrollo que se utilizan como argumentos a favor del proyecto deben analizarse con cautela. Experiencias previas en otras regiones han demostrado que este tipo de industrias generan un número limitado de puestos de trabajo, mientras que los daños ambientales y sociales suelen ser mucho más profundos y permanentes. ¿Realmente estamos ante una oportunidad para Galicia o ante otro episodio de explotación del territorio en beneficio de unos pocos?
A medida que avancen las fases del proyecto, será clave observar hasta qué punto la Xunta cumple con los controles ambientales prometidos y si realmente se garantiza un equilibrio entre desarrollo industrial y protección del entorno. Sin embargo, la historia reciente de Galicia en materia de proyectos industriales no deja mucho margen para el optimismo.
¿Un modelo de desarrollo sostenible o un negocio encubierto?
El caso de la planta de celulosa de Altri y Greenalia no es un hecho aislado, sino un reflejo de la política de desarrollo que defiende la Xunta de Galicia. En lugar de apostar por un modelo que preserve los recursos naturales y fomente un crecimiento equitativo, se siguen favoreciendo proyectos que, bajo la excusa de la modernización, profundizan la degradación ambiental y la desprotección de los territorios rurales.
El futuro de Galicia no puede quedar en manos de decisiones que privilegian el beneficio inmediato de grandes empresas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Es urgente replantear las prioridades y exigir una política que realmente responda a las necesidades del territorio y de su gente. Mientras tanto, la sombra de la tala sigue avanzando sobre Galicia, con el aval de la Xunta y la complacencia de un gobierno que, una vez más, parece haber dado la espalda a la ciudadanía.
