El poder de la Iglesia católica en España sigue siendo una realidad que condiciona las decisiones políticas, incluso en los casos más delicados como el de los abusos sexuales a menores. A pesar de la aparente voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de abordar con firmeza este drama histórico, los hechos vuelven a demostrar que, cuando se trata de la Iglesia, se impone la prudencia, el cálculo… o el miedo.
Según informa Religión Digital, fuentes episcopales han mostrado su “absoluta sorpresa” por la retirada de la propuesta de creación de una subcomisión parlamentaria que iba a investigar los abusos a menores en el seno de la Iglesia. El desconcierto de los obispos no parece fingido: el propio portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, confirmó que no había habido ninguna negociación previa con la Iglesia sobre esta iniciativa. “Primera noticia”, aseguraron con aparente perplejidad desde la Casa de la Iglesia.
La sorpresa, sin embargo, también tiene su cálculo. La retirada de la propuesta presentada en diciembre —más dura, más exigente y más clara en su voluntad de señalar la responsabilidad institucional de la Iglesia— ha sido sustituida, como apuntan fuentes gubernamentales citadas por RD, por una nueva iniciativa pactada entre PSOE y SUMAR y registrada el pasado 25 de marzo. Esta nueva subcomisión tiene un tono mucho más suave: ya no se plantea exigir indemnizaciones directas ni responsabilidades claras, sino simplemente “explorar las vías” para posibles compensaciones a las víctimas, en un proceso en el que la decisión final recaería en la propia Iglesia.
Una vez más, se diluye la contundencia. Se dilata el calendario: hay informaciones que apuntan a que la subcomisión no empezaría a funcionar hasta 2026. Y se mantiene la puerta abierta a que todo esto quede en manos de una institución externa como la del Defensor del Pueblo, una figura que ya realizó un informe histórico —y durísimo— en 2023 sobre los abusos en la Iglesia, pero sin capacidad ejecutiva real.
La propuesta de que el Defensor del Pueblo actúe como instancia reparadora para las víctimas de casos no judicializables ha sido planteada por monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y recogida con cierta disposición por el Gobierno. El obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, reconoció la existencia de ese “diálogo abierto” con el Ejecutivo, aunque negó cualquier tipo de negociación directa con Moncloa. La ambigüedad vuelve a campar a sus anchas.
Y es ahí donde salta la alarma: ¿por qué se retira una iniciativa parlamentaria clara y con peso institucional para sustituirla por una fórmula ambigua, dilatada en el tiempo y sin capacidad sancionadora? ¿Qué fuerza tiene aún la Iglesia para que PSOE y SUMAR —dos partidos que se definen como progresistas— terminen suavizando sus planteamientos iniciales?
La Iglesia no solo no ha pedido perdón de forma contundente y unívoca a las víctimas. Tampoco ha ofrecido hasta ahora una vía efectiva y sistemática de reparación económica. Todo lo que ha hecho ha sido derivar responsabilidades hacia las diócesis, desmarcarse del proceso judicial y, en ocasiones, cuestionar incluso la veracidad de algunas denuncias. Aun así, el poder eclesiástico sigue influyendo profundamente en las decisiones de Estado.
La retirada de esta subcomisión más dura es otro síntoma de la complicidad estructural entre la Iglesia y el poder político en España. Una Iglesia que, como ha demostrado en innumerables ocasiones, ha sabido tejer una red de influencia profunda en todos los estamentos del Estado: desde la educación hasta los medios de comunicación, desde el aparato judicial hasta los propios partidos políticos.
Resulta escandaloso que las víctimas de abusos, cuya voz ha tardado décadas en ser escuchada, tengan ahora que ver cómo la política institucional rebaja sus aspiraciones de justicia. El paso atrás dado por el Gobierno —aunque revestido de diplomacia parlamentaria— es una claudicación. No ante los hechos, ni ante la verdad, ni mucho menos ante las víctimas. Es una claudicación ante una Iglesia que sigue teniendo más poder del que la sociedad española parece dispuesta a admitir.
Las asociaciones de víctimas llevan tiempo exigiendo una comisión de la verdad independiente, con capacidad para investigar, sancionar y reparar. No quieren más buenas intenciones, ni “vías de exploración”, ni promesas dilatadas. Quieren justicia. Y esa justicia solo puede venir de una acción firme del Estado, que deje de actuar con miedo y empiece a cumplir con su deber.
Mientras tanto, el mensaje que queda es claro: la Iglesia sigue mandando. Y cuando algo no le gusta, el poder político se repliega.
Una vez más, las víctimas tendrán que esperar. Y una vez más, la Iglesia sale indemne.
