La Xunta de Galicia, bajo el gobierno del Partido Popular y la dirección de Alfonso Rueda, ha dado luz verde a uno de los proyectos industriales más polémicos y destructivos de la historia reciente de la comunidad: la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) promovida por la multinacional portuguesa Altri y la gallega Greenalia. Pese a la contundente oposición ciudadana, la administración autonómica ha concedido la declaración de impacto ambiental favorable, desencadenando una ola de protestas multitudinarias en toda la cuenca del río Ulla.
Miles de personas salieron a las calles en múltiples municipios para manifestar su rechazo. Las plazas se llenaron de pancartas con mensajes inequívocos: «Altri non!» y «O Ulla non se vende». La Plataforma Ulloa Viva, que encabeza la resistencia contra el proyecto, ha denunciado que la Xunta ha firmado una sentencia de muerte para el ecosistema fluvial y el modo de vida de muchas comunidades.
El plan industrial de Altri y Greenalia implica la construcción de una fábrica de producción de fibras textiles a partir de celulosa, un proceso que conlleva un consumo masivo de agua y la emisión de residuos tóxicos al Ulla. Según expertos, la planta extraerá más de 46.000 metros cúbicos de agua al día, amenazando la biodiversidad y afectando gravemente la calidad del agua potable y el ecosistema marino de la ría de Arousa. A pesar de estas advertencias, la Xunta ha optado por favorecer a las corporaciones sin establecer restricciones significativas sobre el uso de los recursos hídricos o la gestión de residuos industriales.
La rapidez con la que la Xunta ha aprobado el proyecto no es casualidad. Greenalia, con estrechos vínculos con altos cargos del PP gallego, ha sido beneficiaria de numerosas concesiones en los sectores energético y forestal. Su alianza con Altri se perfila como una operación millonaria para las empresas implicadas, pero devastadora para Galicia. La falta de transparencia en la tramitación del proyecto y la ausencia de consultas públicas refuerzan la percepción de que el gobierno de Rueda ha ignorado deliberadamente a los ciudadanos para favorecer los intereses privados.
La Plataforma Ulloa Viva ha denunciado que el proyecto no solo es un atentado ambiental, sino también una amenaza directa para sectores productivos como la pesca y la agricultura, que dependen de un Ulla limpio y saludable. «Nos están vendiendo para enriquecer a una multinacional extranjera y a una empresa amiga de la Xunta», denunció una portavoz durante la multitudinaria concentración en el Puente Medieval de Pontevea, un símbolo de la lucha por la defensa del río.
Las movilizaciones contra la macrocelulosa no son nuevas. Desde que se conoció el proyecto en 2023, las protestas han sido constantes. La indignación ha crecido ante la opacidad con la que la Xunta ha manejado la aprobación del plan y su negativa a escuchar a biólogos, ecologistas y sectores productivos locales.
Las imágenes de las protestas de este domingo son el reflejo de un pueblo que no se rinde. Frente a la política de tierra quemada del PP, Galicia ha hablado alto y claro: la defensa de sus ríos y su naturaleza es una línea roja que no está dispuesta a cruzar. Si la Xunta y las multinacionales creen que podrán doblegar la voluntad del pueblo gallego, están muy equivocados. Porque en cada gota de agua del Ulla late la memoria de quienes siempre han luchado por esta tierra. Y esa memoria no se vende.
