Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, y ya no es posible describir la situación con eufemismos diplomáticos ni con la distancia fría de los análisis geopolíticos. A una crisis socioeconómica prolongada se ha sumado, desde finales de enero de 2026, un nuevo golpe de enorme impacto humanitario: el bloqueo del suministro de combustible impulsado por Estados Unidos, una medida que tiene consecuencias directas, visibles y devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas. Aquí no hablamos de estrategias ni de equilibrios internacionales: hablamos de hospitales que se apagan, de incubadoras que dejan de funcionar y de vidas que entran en riesgo inmediato.

El 19 de febrero de 2026, el Consejo Mundial de Iglesias y la ACT Alianza hicieron pública una declaración inequívoca en la que expresan su profunda preocupación por el impacto humanitario del bloqueo de combustible impuesto a Cuba mediante una Orden Ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump. La Orden declara una supuesta “emergencia nacional” y autoriza aranceles punitivos a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente, con el objetivo real de cerrar toda vía de abastecimiento energético a la Isla.

Cuba depende de ese combustible importado para la generación de electricidad, el funcionamiento de hospitales, el suministro de agua potable, el transporte público y la producción y distribución de alimentos. Cuando el combustible falta, el país se paraliza, y quienes pagan el precio no son los dirigentes políticos, sino la población entera, con especial crudeza los niños, los enfermos, los ancianos y las familias más empobrecidas.

Las consecuencias humanas ya no son una advertencia futura: son una realidad diaria. En hospitales de todo el país se registran apagones prolongados que obligan a suspender cirugías, a racionar cuidados intensivos y a limitar servicios esenciales. Incubadoras neonatales dejan de funcionar, poniendo en riesgo la vida de recién nacidos. La electricidad, que debería ser incuestionable en cualquier sistema sanitario, se convierte en un bien intermitente incluso en los espacios donde no puede fallar nunca.

A esta situación se suma la escasez extrema de recursos médicos. Medicamentos básicos no llegan o llegan en cantidades mínimas, y se multiplican las denuncias sobre tráfico y reventa ilegal de fármacos, una economía de supervivencia que surge cuando el sistema formal colapsa. La salud deja de ser un derecho garantizado y pasa a depender del azar, de los contactos o del dinero, profundizando la desigualdad y el sufrimiento silencioso. Castigar a un pueblo a través de su sistema de salud no es presión política: es violencia estructural.

El bloqueo de combustible impacta igualmente en el acceso al agua potable, ya que los sistemas de bombeo dependen de energía constante, y pone en riesgo la higiene y la salud pública. El transporte público se reduce drásticamente, dificultando el acceso al trabajo, a la educación y a los propios centros sanitarios. La producción agrícola y la distribución de alimentos se ven seriamente afectadas, agravando la escasez y disparando los precios en un contexto donde los salarios ya no cubren lo básico. El hambre reaparece como amenaza real, no por incapacidad productiva, sino por asfixia energética deliberada.

La declaración de las organizaciones eclesiales es clara y sin matices: “No se puede justificar un castigo colectivo de tal naturaleza existencial sobre todo el pueblo cubano.” Además, esta forma extrema de coerción económica carece de autorización del Consejo de Seguridad y resulta incompatible con el derecho internacional y con los principios fundacionales de las Naciones Unidas. No se sanciona a un gobierno: se castiga a una sociedad entera.

Incluso antes de esta nueva Orden Ejecutiva, Cuba ya atravesaba una crisis socioeconómica profunda, fruto de décadas de embargo financiero y comercial, agravada por fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. La nueva medida no responde a una amenaza real, sino que busca deliberadamente intensificar el sufrimiento, de manera indiscriminada y cruel. No es un efecto colateral: es el objetivo.

En este contexto, la preocupación comienza a traducirse en posicionamientos políticos claros fuera de la Isla. Un grupo de 35 miembros del Parlamento Europeo, pertenecientes a diferentes grupos políticos, dirigió una carta a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, expresando su alarma por el recrudecimiento de las medidas del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Según informó Cubaminrex, los eurodiputados subrayaron que en el actual contexto internacional es fundamental que la Unión Europea actúe en defensa del Derecho Internacional, la libertad de comercio y el respeto a la soberanía de los Estados. Alertaron también sobre las consecuencias humanitarias y económicas de estas medidas para el pueblo cubano y sobre sus efectos extraterritoriales, que amenazan a operadores económicos europeos por comerciar legítimamente con un tercer país. El bloqueo no solo asfixia a Cuba: desafía abiertamente la soberanía europea.

El documento señala que las acciones destinadas a obstaculizar el suministro de combustible agravan la ya compleja situación económica y social del país y contradicen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, los firmantes instaron a las instituciones europeas a adoptar iniciativas concretas y coherentes que protejan los intereses de la Unión y reafirmen un modelo de relaciones internacionales basado en el respeto mutuo y la cooperación, frente a la lógica de la amenaza y el castigo colectivo.

En ese mismo sentido, la Embajada de la República de Cuba ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea agradeció públicamente el gesto de los eurodiputados, en un contexto especialmente difícil, destacando su solidaridad y compromiso. No es un gesto menor: es la constatación de que aún existen voces que se niegan a normalizar la asfixia de un pueblo.

Pero más allá de comunicados y cartas oficiales, la pregunta de fondo es moral. Desde una perspectiva evangélica, no hay ambigüedad posible. “Tuve hambre y no me disteis de comer; estuve enfermo y no me visitasteis” (Mt 25,42-43). Bloquear el combustible que mantiene en funcionamiento hospitales, sistemas de agua y cadenas alimentarias es, en términos cristianos, pasar de largo ante el herido del camino. No es neutralidad política: es tomar partido contra la vida.

Jesús no preguntó por la ideología del samaritano ni por la estrategia del Imperio. Se detuvo, curó y cargó con el herido. El bloqueo, en cambio, empuja a los más frágiles al borde del camino y les retira los medios para sobrevivir. Cuando una política produce sufrimiento masivo, previsible y prolongado, deja de ser una opción legítima y se convierte en pecado estructural.

En ese sentido, es imprescindible decirlo con claridad: esto no es una expresión de presión ni de diplomacia, sino un castigo colectivo; no es una defensa de la libertad, sino una asfixia planificada; no es una política exterior legítima, sino una forma de violencia ejercida a distancia, cuyas consecuencias recaen directamente sobre la población civil.

Hoy Cuba está al límite. Y lo que está en juego no es una disputa ideológica ni un pulso geopolítico, sino la vida concreta de millones de personas. Niños, enfermos, ancianos y familias enteras están pagando con oscuridad, enfermedad y hambre decisiones tomadas lejos de su realidad cotidiana. La comunidad internacional —y especialmente Europa— debe decidir si será cómplice por silencio o responsable por acción, porque callar ante una injusticia que mata lentamente también es una forma de participación, y el Evangelio no absuelve a quien mira y pasa de largo.

Desde la justicia social, lo que hoy sufre Cuba no puede seguir presentándose como un daño colateral, sino como el resultado consciente de una política que utiliza el sufrimiento humano como herramienta de presión. Obstaculizar el acceso al combustible sabiendo que ello apagará hospitales, dejará sin agua a comunidades enteras y encarecerá los alimentos no es una decisión técnica: es una decisión ética, y como tal tiene responsables.

La doctrina social de la Iglesia es clara: no hay legitimidad posible cuando se sacrifica la dignidad de los pobres, ni puede invocarse el derecho mientras se vacía de justicia. El bloqueo no es solo una medida económica, es una estructura de injusticia que golpea a los más vulnerables y niega en la práctica el destino universal de los bienes.

Aquí también hay silencios culpables. Responsabilidad de quienes endurecen estas políticas con pleno conocimiento de sus consecuencias, y responsabilidad de quienes callan por conveniencia, cálculo o cobardía moral. Cuando la justicia es sustituida por el poder, la injusticia se normaliza.

Por eso el Evangelio no permite neutralidades cómodas. Callar ante una política que empobrece, enferma y mata lentamente no es prudencia: es abandono, y ninguna fe que se tome en serio puede permitirse ese olvido de la justicia.