El artículo de Javier Ferrero en Spanish Revolution es una pieza periodística de una valentía poco habitual en el panorama español contemporáneo. Su análisis de la inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se limita a narrar un hecho judicial; lo enmarca en una lógica más profunda donde el poder, sus blindajes y sus silencios se entrecruzan con la deriva política de los últimos años. El texto es audaz, incisivo y sin deferencias hacia quienes, desde las instituciones, parecen manejar resortes decisivos sin rendir cuentas equivalentes.

Ferrero plantea que lo ocurrido el 20 de noviembre de 2025 no es un episodio aislado, sino un síntoma estructural: el retrato de un sistema que se juzga a sí mismo sin contrapesos democráticos suficientes. La condena a García Ortiz —dos años de inhabilitación y multas económicas— se sostiene, según la sentencia, en la idea del “dominio de la situación”, pese a que no existen pruebas directas de que fuera autor de ninguna filtración. Este punto es central para la lectura del periodista: cuando el derecho penal se aplica a través de inferencias abiertas, más que a través de hechos comprobados, deja de ser una herramienta garantista y pasa a funcionar como un mecanismo disciplinario.

Uno de los aspectos más inquietantes que Ferrero subraya es el desplazamiento de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que defendían la absolución del fiscal general. El hecho de que la ponencia fuera reasumida por el presidente de la Sala proyecta, según él, un mensaje silencioso pero elocuente: las voces internas que cuestionan el relato mayoritario pueden ser apartadas. El efecto es doble: se sanciona a un alto funcionario y se deja claro que las disidencias dentro del propio Poder Judicial se toleran poco.

El artículo también apunta a la actuación de la UCO, cuyos agentes ofrecieron acusaciones basadas más en interpretaciones jerárquicas que en pruebas verificables. Para Ferrero, esto revela una instrucción orientada desde el inicio hacia un único objetivo: incriminar al fiscal general. La Abogacía del Estado —recuerda el periodista— fue contundente al señalar la ausencia total de indicios que conectaran a García Ortiz con la filtración. Sin embargo, el proceso siguió adelante, lo que refuerza la impresión de un juicio político más que jurídico.

Ferrero, además, subraya un elemento decisivo: el correo que presuntamente constituiría un “secreto” ya estaba siendo difundido por el propio entorno político de la presidenta madrileña. La noción de que revelar algo ya circulado masivamente pueda constituir un delito llama la atención del periodista, porque insinúa una aplicación del derecho asimétrica y funcional a intereses concretos.

En este punto, la reflexión adquiere un tono especialmente relevante al conectar el caso con el clima político que rodea a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha demostrado, durante años, una capacidad notable para proyectar una imagen de fortaleza política que neutraliza a quienes intentan cuestionarla. Su entorno ha protagonizado episodios mediáticos, polémicas públicas y filtraciones cruzadas que rara vez parecen traducirse en consecuencias políticas internas o externas. Cada señalamiento crítico se convierte, casi automáticamente, en un boomerang que termina golpeando a quien lo formula.

La situación judicial y mediática que ha rodeado a su pareja, Alberto González Amador, forma parte de ese entramado de poder. Aunque la justicia debe actuar con independencia y presunción de inocencia, es evidente que la figura pública de González Amador ha estado rodeada de controversias que han generado un clima de escrutinio público. En contraste, Ferrero subraya cómo quienes intentan responder a campañas de desinformación o aclarar hechos de interés público pueden enfrentarse a una maquinaria política-mediática que actúa con una eficacia disciplinaria devastadora.

Este contraste —entre el peso de las consecuencias que recaen sobre unos y la aparente ligereza con la que otros transitan escenarios de enorme exposición pública— es crucial para el análisis. La percepción pública de impunidad no surge de la nada: se alimenta de decisiones judiciales, de dinámicas mediáticas y de la ausencia de rendición de cuentas visible. Mientras algunas figuras parecen atravesar escándalos con una notable capacidad de supervivencia política, otras quedan marcadas institucionalmente por intentar arrojar luz sobre episodios turbios, incluso cuando lo hacen desde el propio Estado.

Ferrero concluye su artículo con una pregunta tan simple como devastadora: ¿quién puede desafiar a ciertos poderes sin poner en riesgo su carrera, su prestigio o su libertad? Esa pregunta revela el corazón del problema. Si las estructuras del Estado funcionan de modo que quienes intentan frenar bulos o denunciar irregularidades se ven castigados, el efecto disuasorio es evidente. Se genera un ecosistema donde la verdad es peligrosa, la crítica es temeraria y la independencia institucional es un riesgo.

La lectura de Ferrero no es sólo periodística: es una advertencia. Un sistema democrático no se degrada de golpe, sino a través de pequeñas erosiones que pasan inadvertidas hasta que es demasiado tarde para revertirlas. La combinación de judicialización selectiva, blindaje político y relato mediático polarizado dibuja un escenario donde el poder queda protegido y la discrepancia, castigada.

Ferrero, con su estilo directo y sin concesiones, pone frente al espejo un problema que trasciende nombres propios: la fragilidad de las instituciones ante la presión de estructuras de poder que parecen funcionar por encima del escrutinio público. Su texto es incómodo, pero también necesario: un recordatorio de que la democracia no sólo se mide por las urnas, sino por la capacidad de sus instituciones para resistir presiones y garantizar que nadie —ni altos funcionarios ni líderes políticos— sea intocable.