Lo que acaba de vivirse en el Parlamento de Andalucía ha sido un choque político de máxima tensión. La diputada socialista María Ángeles Ferriz ha sometido a la consejera de la Presidencia a una de las intervenciones más duras de los últimos tiempos, poniendo sobre la mesa con datos concretos lo que muchos andaluces sienten cada día: que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha enterrado viva la sanidad pública andaluza.

No son rumores, no son invenciones ni exageraciones. Son los datos y las denuncias expuestos por Ferriz en el propio Pleno del Parlamento andaluz, hace apenas unos momentos. Ella ha sido quien ha destapado la red de contratos familiares, los vínculos con empresas privadas y las prácticas de saqueo que están llevando a la sanidad pública al borde del colapso.

Andalucía es hoy la segunda comunidad por la cola en esperanza de vida y la que soporta una mayor tasa de mortalidad. Esa es la consecuencia de la política de Moreno Bonilla, tal y como denunció Ferriz: una gestión que mide su éxito en los beneficios de las empresas privadas y no en la salud de los ciudadanos.

Saquear la sanidad pública mata. Con esta frase, Ferriz dejó claro que lo que ocurre no es un accidente ni un simple error político. Es una estrategia deliberada: recortar, deteriorar y asfixiar los recursos públicos para después justificar la privatización. Y en ese camino, miles de andaluces mueren antes de tiempo, esperando una cita que nunca llega, una operación que se retrasa o una prueba diagnóstica que puede salvar vidas.

La diputada también señaló con contundencia los conflictos de intereses que manchan de arriba a abajo al Gobierno andaluz. Recordó que la esposa de Moreno Bonilla trabaja en una empresa farmacéutica mientras la Junta ha triplicado el gasto en este sector. Y preguntó directamente: ¿cuánto ha ganado Vía Farma desde que Moreno es presidente? ¿Cuántos familiares de consejeros y altos cargos trabajan en Asisa, Quirón, HM o en la propia industria farmacéutica? Preguntas que quedaron en el aire porque, como denunció Ferriz, el Gobierno se niega a hacer públicos esos datos.

La obscenidad de las cifras retratadas por Ferriz sonrojan a cualquiera: 533 millones de euros desviados a la sanidad privada, mientras en los hospitales públicos hay enfermos de cáncer sin sillas para recibir tratamiento. Y, en paralelo, Moreno Bonilla se permite lujos personales: 7.000 euros en jarrones, 3.000 en un decorador de cocina y 19.000 en dos días de gastos para Isabel. Todo ello mientras el presidente de la Cámara se sienta en una silla de 5.000 euros y millones de andaluces tienen que recurrir a préstamos para operarse o pagar pruebas.

Ferriz recordó además que no es la primera vez que el Partido Popular demuestra su desprecio por la vida humana. Lo hizo en Madrid, cuando dejaron morir a 7.221 mayores en residencias sin atención médica; en Valencia, cuando 228 personas se ahogaban mientras sus responsables estaban de sobremesa; y en Castilla y León, cuando se moría gente apagando incendios sin medios suficientes. La crueldad, denunció Ferriz, no es la excepción: es la seña de identidad del PP.

Con Moreno Bonilla, Andalucía ha llegado al límite. Él ha enterrado viva la sanidad pública, y lo ha hecho conscientemente. No es incompetencia: es un plan. Un plan que ya ha obligado a dos millones de andaluces a pagar seguros privados para poder tener la atención médica que no encuentran en la pública. Un plan que se ejecuta mientras el propio Gobierno se sube el sueldo dos veces en un año.

Frente a este panorama, los profesionales sanitarios siguen en pie, aunque agotados, mal pagados y despreciados. Según Ferriz, la Junta los usa como parapeto mientras continúa adjudicando contratos a dedo, beneficiando a amigos y despreciando a pacientes y familias. El resultado no es solo un deterioro de la calidad de vida, sino un recorte real en la esperanza de vida de los andaluces. La gestión de Moreno Bonilla no solo es indecente: es letal.

Ferriz lo dejó claro: los andaluces no son ingenuos. Lo saben, lo sienten y lo sufren cada día en salas de espera interminables, citas de especialistas que nunca llegan y operaciones que se retrasan hasta convertirse en una condena. Por eso las mareas blancas, los sindicatos, las asociaciones y miles de familias se organizan y protestan. Y por eso se han recogido casi 60.000 firmas en tiempo récord para exigir, mediante una iniciativa legislativa popular, que se detenga el saqueo.

El mensaje que lanzó Ferriz en el Parlamento fue cristalino: lo inviable no es la sanidad pública, sino este Gobierno corrupto y sin alma. Lo inviable es que mientras la gente enferma se desangra esperando tratamiento, sus gobernantes vivan rodeados de privilegios y derroches. Lo inviable es que quienes deberían defender la vida se dediquen a lucrarse con la enfermedad.

Por eso, la diputada lanzó el dilema con toda claridad: o Moreno Bonilla o la sanidad pública. O los negocios privados de unos pocos o la salud y la vida de millones de andaluces. Esa es la disyuntiva que marcará las próximas elecciones, sean cuando sean.

Y el cierre fue un auténtico manifiesto de resistencia: Andalucía necesita levantarse. No se trata de ideologías, se trata de sobrevivir. Los hospitales, los centros de salud, los médicos y las enfermeras no son un negocio: son la vida de nuestros hijos, de nuestros mayores y de todos nosotros.

De ahí el llamamiento de Ferriz: hay que echar a quienes han convertido la sanidad pública en un botín. Cada andaluz y cada andaluza tienen la obligación moral de defender la sanidad pública como si defendieran a su propia familia. Porque lo que está en juego no es un presupuesto ni una ley, sino que nadie tenga que morir esperando una cita que nunca llega.

El grito debe resonar en cada rincón de esta tierra: ¡La sanidad pública no se vende, se defiende!

Y defenderla significa movilizarse, no dar un paso atrás. O la ciudadanía saca del poder a Moreno Bonilla y a su Gobierno, o serán ellos quienes sigan enterrando viva nuestra salud.

La elección es sencilla: o la indecencia de un Gobierno arrodillado ante los fondos de inversión, o la dignidad de un pueblo que se niega a dejarse robar la vida.

El futuro de Andalucía se decide en esta batalla. Y la respuesta no puede ser otra que un clamor colectivo que haga temblar a quienes hoy se creen intocables: ¡Sanidad pública o barbarie! ¡Andalucía despierta y lucha por tu vida!