La Catedral de Toledo, símbolo de siglos de fe, se ha convertido en escenario de un escándalo que retrata como pocos la miseria del corporativismo clerical. El canónigo Carlos Loriente García, hasta hace una semana vicario episcopal para el Clero y director del Instituto Teológico San Ildefonso, ha caído estrepitosamente en desgracia tras ser detenido en Torremolinos con cocaína rosa y material que pinta una vida paralela difícil de casar con el celibato. Pero el verdadero protagonista de esta historia no es solo Loriente, sino monseñor Francisco Cerro Chaves, arzobispo primado, que durante años lo promocionó como su hombre de confianza, su delfín, su “alter ego”.

Porque aquí la cuestión es clara: ¿de verdad no sabía el arzobispo nada de las andanzas de su vicario? ¿O prefirió mirar hacia otro lado mientras su protegido escalaba puestos, recibía títulos honoríficos y se codeaba en la Curia como el futuro heredero del Primado? La duda no es inocente: en demasiados casos, la Iglesia española ha practicado la vieja política del “silencio, encubrimiento y traslado”, que permite a curas con doble vida seguir oficiando misas, mientras se exige a los laicos divorciados y vueltos a casar que no se acerquen a comulgar. La vara de medir es distinta: para ellos, misericordia infinita; para los seglares, rigor farisaico.

Lo relatado por José Manuel Vidal en Religión Digital no es una anécdota más. Es un retrato descarnado de una jerarquía que premia la obediencia por encima de la integridad moral. Loriente no era un párroco anónimo, sino la mano derecha del arzobispo Cerro, su hombre fuerte en el control del clero, su “hijo predilecto” al que elevó a canónigo en junio. Y ahora, cuando el escándalo estalla con fuerza mediática, se nos sirve un comunicado tibio, de manual, en el que se aparta al sacerdote “cautelarmente” y se expresa “plena confianza en la justicia”. Ni nombres, ni responsabilidades, ni una pizca de autocrítica. La institución primero; la verdad, después.

La ironía es sangrante: quien debía velar por la formación de nuevas vocaciones y enseñar teología moral se encontraba en fiestas privadas con drogas sintéticas y juguetes sexuales. Y, sin embargo, lo más grave no es el pecado personal —que al fin y al cabo corresponde a Dios juzgar—, sino el sistema eclesial que ampara, protege y encubre estas conductas mientras se castiga con dureza a los de fuera.

Preguntémonos: ¿qué ocurre cuando un cura de pueblo mantiene una relación con alguna feligresa? Lo saben todos, se comenta en los bares, lo murmura el vecindario… y al final, la solución es simple: traslado discreto a otra diócesis, silencio administrativo y aquí no ha pasado nada. El mismo patrón que se aplica en los casos de abusos: “no escandalizar”, proteger la institución, sacrificar a la víctima en el altar del corporativismo clerical.

Y mientras tanto, desde el púlpito, se condena a los divorciados vueltos a casar, se niega la comunión a quienes rehacen su vida, se señala a los laicos que no cumplen al pie de la letra las normas. Fariseísmo puro, hipocresía elevada a sacramento.

El caso Loriente es solo la punta del iceberg. En 2023, un exseminarista denunció al canónigo por difamación y calumnias tras defender públicamente a un sacerdote condenado por abusos. La denuncia llegó al Vaticano, se informó al cardenal Sean O’Malley y hasta al propio Papa Francisco. ¿Resultado? Silencio. Ninguna medida contra Loriente, que siguió ascendiendo en la diócesis de Toledo. ¿De verdad nadie en la Curia veía lo que estaba pasando? ¿O se trataba de proteger al hombre de confianza del arzobispo a toda costa?

Aquí radica el problema de fondo: la Iglesia española sigue sin entender que la transparencia no es un capricho moderno, sino la única vía para recuperar la credibilidad. Mientras se mantenga la lógica del encubrimiento, del corporativismo y del “lavar los trapos sucios en casa”, cada nuevo escándalo será un mazazo a la fe de los creyentes.

Y en medio de esta penumbra institucional, es justo alabar la valentía de periodistas como José Manuel Vidal, que desde Religión Digital ha contado lo que otros callan, ha puesto nombres y apellidos donde la jerarquía solo habla de “un sacerdote” y ha dado voz a las víctimas cuando Roma y Toledo les cerraban la puerta. Su trabajo no solo es periodismo: es servicio a la verdad y a la Iglesia de base, esa que sufre y no tiene acceso a los pasillos del poder eclesial.

Francisco Cerro Chaves, como arzobispo primado, no puede esconderse tras comunicados asépticos. No basta con apartar cautelarmente a su vicario. Hace falta una investigación seria, depuración de responsabilidades y autocrítica real. Porque si no, la catedral seguirá en pie, con sus vidrieras intactas, pero su moral se seguirá resquebrajando cada vez que un nuevo escándalo revele la doble vida de sus pastores.

La Iglesia no necesita más silencios cómplices, sino obispos capaces de mirar de frente los abismos de sus curas y de su propio encubrimiento. Hasta que llegue ese día, lo que resuena no es el eco de los rezos, sino el murmullo indignado de los fieles que se saben juzgados con una dureza que jamás se aplica a los de dentro.

Y ahí, entre la luz de los altares y las sombras de Torremolinos, la hipocresía clerical alcanza su máxima expresión.