En la Cuba actual, marcada por apagones interminables, inflación descontrolada y represión, la comida y la salud —dos pilares esenciales de la vida— se han transformado en mercancías controladas por élites políticas y militares. Lo que debería ser un derecho básico del pueblo se ha convertido en un negocio, sostenido por la dependencia de importaciones y por prácticas de corrupción estructural que atraviesan tanto la economía como el sistema sanitario. Y en medio de ese engranaje, quien sufre siempre es el mismo: el pueblo cubano.
En teoría, la creación de las MIPYMES debía impulsar la economía no estatal, fomentar la producción local y sustituir importaciones. En la práctica, se han convertido en intermediarias de importación, empresas que compran en el extranjero y revenden en la Isla bajo la tutela de compañías estatales que controlan licencias, rutas y permisos, y que se quedan con comisiones de hasta un 20 %. El riesgo nunca lo asumen quienes deciden; lo carga la gente común, que paga precios cada vez más altos por alimentos básicos.
Lejos de abrir un mercado competitivo, este modelo refuerza el poder de GAESA, el conglomerado militar que monopoliza las importaciones y la distribución minorista. Su lógica no es alimentar al país ni fortalecer la producción nacional, sino lucrar con la escasez, vendiendo productos esenciales —pollo, aceite, detergente— con márgenes de ganancia que pueden alcanzar el 240 %. Para la población, eso se traduce en colas, salarios pulverizados y una vida organizada en torno a la supervivencia diaria.
El resultado es evidente y brutal: más del 90 % del pollo que se consume en Cuba es importado y en 2022 las compras de este producto superaron los 670 millones de dólares, más del doble que en 2010. Mientras tanto, el campo cubano se hunde, asfixiado por la falta de inversiones y por trabas burocráticas que no afectan a los grandes conglomerados, sino a campesinos y cooperativas. El país queda atrapado en una dependencia alimentaria crónica, y el pueblo paga con hambre lo que otros convierten en negocio.
A este panorama se suma el bloqueo económico de Estados Unidos, que no solo agrava las distorsiones internas, sino que castiga directamente a la población civil. Las sanciones financieras dificultan el acceso a créditos, insumos y tecnología; encarecen el transporte, el combustible y los seguros; obligan a usar intermediarios costosos. Cada alimento, cada medicamento y cada litro de combustible llegan al pueblo cubano cargados de un sobreprecio político. Las restricciones externas asfixian, mientras las internas inmovilizan.
Lejos de aliviarse, esta política se ha endurecido peligrosamente con la nueva ofensiva de Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. Mediante una orden ejecutiva que declara una supuesta “emergencia nacional”, el presidente estadounidense vuelve a recurrir al chantaje y la extorsión, utilizando el sufrimiento de millones de personas como herramienta de presión política. No se trata de una disputa abstracta entre gobiernos: es el pueblo quien se queda sin luz, sin transporte, sin alimentos y sin hospitales operativos.
La orden, cargada de retórica belicista, no fija tasas ni menciona países concretos, pero su intención es clara: intimidar y aislar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, la calificó como una nueva escalada de agresión y denunció la larga lista de acusaciones falsas con las que Washington intenta presentar a Cuba como una amenaza inexistente. Pero más allá del discurso diplomático, la realidad es tangible: las sanciones no golpean a las élites, golpean a la gente común.
Esta nueva amenaza se produce además tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, que interrumpió los envíos de petróleo venezolano a la Isla. Desde entonces, México se ha convertido en el principal proveedor de crudo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que estos envíos se realizan tanto como ayuda humanitaria como mediante contratos legales entre Pemex y el Gobierno cubano. La advertencia de Trump apunta también a castigar a terceros países, aunque, una vez más, quien paga las consecuencias no es ningún gobierno, sino el pueblo cubano, condenado a apagones y parálisis.
Esta política confirma una lógica imperial y profundamente inmoral: hacer pagar a un pueblo entero el precio de una confrontación ideológica. El recrudecimiento del bloqueo no es simbólico ni retórico; se traduce en hospitales sin electricidad estable, fábricas detenidas, alimentos que no llegan a las mesas y una vida cotidiana reducida a la resistencia. Se multiplica el sufrimiento de quienes ya están al límite.
Leonardo Padura lo ha expresado con una claridad dolorosa: “En Cuba hemos tocado fondo… lo que más falta hoy no es la comida, el combustible o la electricidad, lo que más falta es la esperanza”. Ese cansancio colectivo no nace solo del bloqueo, sino de décadas de promesas incumplidas y políticas fallidas. “Después de tantos sacrificios”, recuerda el escritor, “la gente se merece vivir mejor”. Y esa gente no es una abstracción: son los trabajadores, los jubilados, las madres solas, los jóvenes que se van y los que no pueden irse.
El Gobierno, consciente del malestar, ha impuesto precios máximos a productos básicos. Pero estas medidas no se aplican de manera equitativa: afectan más a pequeños comerciantes y MIPYMES que a las grandes cadenas estatales, generando mercados paralelos y más desigualdad. De nuevo, el pueblo paga, atrapado entre salarios que no alcanzan y precios dolarizados.
La situación de la salud pública refleja el mismo deterioro. Aunque la Constitución garantiza su gratuidad, en la práctica el sistema está cada vez más privatizado de manera informal. Una encuesta independiente reveló que el 74 % de los pacientes tuvo que pagar por servicios o medicamentos que deberían ser gratuitos. Más de tres cuartas partes recurrieron a contactos o favores para recibir atención. Solo un 9 % accedió siempre a los servicios necesarios. Para quien no tiene dinero ni influencias, la enfermedad se convierte en una condena.
La escasez empuja a médicos y trabajadores de la salud a un mercado negro sanitario, donde la atención depende del bolsillo. Los sobres, los pagos encubiertos y la compra de materiales se han normalizado. La salud universal ha dejado de ser un derecho real para convertirse en un privilegio.
El lenguaje oficial intenta maquillar esta realidad. Se evita hablar de pobres y se usan términos como “vulnerables” o “deambulantes”. En 2024, 189.000 familias y 350.000 personas solas dependían de programas sociales. No existen estadísticas públicas de pobreza, pero basta caminar por La Habana para ver la indigencia en portales, colas interminables y niños descalzos. El pueblo ya no puede ocultarse.
Mientras la mayoría sobrevive, el Estado y las élites conectadas al poder multiplican ganancias mediante importaciones y control de bienes esenciales. Después de más de seis décadas de socialismo centralizado, Cuba ha quedado atrapada en un modelo que lucra con la escasez, erosiona la salud pública y posterga la producción nacional. El círculo vicioso es perverso: cuanta más necesidad tiene el pueblo, más rentable se vuelve el sistema para quienes lo controlan.
En una cola para comprar pollo congelado una mujer de unos cincuenta años resume la tragedia en pocas palabras: “Aquí no se trata de comer, se trata de sobrevivir. Y mientras nosotros esperamos, otros se llenan los bolsillos. La revolución prometió igualdad, pero hoy la pobreza está en la calle y los poderosos negocian hasta con el hambre”.
