Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, ha sido condenada junto a ocho eurodiputados de su partido por malversación de fondos públicos. La cifra es escandalosa: 2,9 millones de euros destinados a la financiación de actividades partidarias, un fraude masivo que dinamita la imagen de pureza que la extrema derecha intenta vender a sus seguidores. La condena, que implica inhabilitación política por cinco años y una pena de prisión de cuatro años, junto a una multa de 100.000 euros, deja en evidencia la hipocresía de un movimiento que se presenta como el defensor de la moralidad y la transparencia.
La sentencia del Tribunal Correccional de París deja claro que Le Pen y su grupo operaban mediante contratos ficticios, un mecanismo de corrupción flagrante por el cual los asistentes de los eurodiputados, en lugar de trabajar en las funciones parlamentarias que justificaban sus salarios, servían en realidad a los intereses de Agrupación Nacional, el partido de Le Pen. No se trata de un error administrativo ni de un simple desliz contable: es un esquema organizado de desfalco de dinero público.
Una red de corrupción bien engrasada
El fraude de Marine Le Pen no es un hecho aislado. La extrema derecha, que ha hecho de la denuncia contra «las élites corruptas» su bandera, ha demostrado ser una de las principales beneficiarias de los mismos vicios que dice combatir. En 2018, el Parlamento Europeo ya había estimado que la malversación total perpetrada por su partido ascendía a 6,8 millones de euros, abarcando un período de más de una década. Es decir, no se trata de un caso fortuito ni de un error puntual, sino de un mecanismo estructural de financiación ilegal.
Más grave aún es la actitud de Le Pen tras la sentencia. Lejos de asumir responsabilidades, salió del tribunal sin hacer declaraciones, intentando minimizar la repercusión del escándalo. Sin embargo, la realidad es contundente: esta condena la deja fuera de la carrera presidencial de 2027, desmontando la posibilidad de que se convierta en la primera presidenta de extrema derecha en Francia.
El caso de Francisco Serrano: el fraude de la extrema derecha en España
Pero Francia no es el único país donde la extrema derecha ha enfrentado acusaciones de corrupción. En España, el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, se vio involucrado en un escándalo similar. Serrano y sus socios fueron acusados de un fraude de subvenciones vinculado a una ayuda de 2,5 millones de euros otorgada por el Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla. La Audiencia de Sevilla rechazó su recurso de apelación, allanando el camino para su procesamiento.
Este caso mostró una vez más la incoherencia de la extrema derecha, que se presentaba como el azote de la corrupción pero que, cuando tuvo la oportunidad de gestionar fondos públicos, incurrió en los mismos delitos que denunciaba. La narrativa de la «pureza política» se derrumbó ante la realidad de las sentencias judiciales y los escándalos financieros que involucraron a sus líderes.
El fin del mito de la extrema derecha impoluta
Estos escándalos son una muestra clara de que la extrema derecha no es una alternativa limpia ni moralmente superior. A pesar de su retórica incendiaria contra la corrupción de los partidos tradicionales, sus propios dirigentes han demostrado ser igual o más corruptos que aquellos a quienes critican. La diferencia es que, mientras otros partidos reconocen sus errores y afrontan las consecuencias, la extrema derecha trata de ocultar los suyos bajo una cortina de humo de victimismo y ataques a la justicia.
La condena de Marine Le Pen y el proceso contra Francisco Serrano son solo la punta del iceberg de un problema más profundo. La extrema derecha no es la solución a la corrupción: es parte del problema. Mientras sus seguidores siguen creyendo en el mito de que son diferentes, las pruebas demuestran que, cuando tienen acceso al poder, actúan con la misma impunidad que aquellos a quienes dicen combatir.
