Cuarenta y cinco años después de la aprobación de la Constitución de 1978, el sistema educativo español sigue anclado en acuerdos predemocráticos que mantienen la presencia de la religión confesional en las aulas. A pesar del avance en materia de derechos y libertades, España no ha logrado desvincular la enseñanza pública de la influencia de la Iglesia Católica, perpetuando desigualdades y vulnerando principios fundamentales de un Estado laico.
Desde los tres años, miles de niños y niñas son segregados por motivos ideológicos en centros educativos que deberían ser espacios neutrales y de aprendizaje igualitario. La presencia de asignaturas de religión en el currículo escolar supone una forma de adoctrinamiento institucionalizado, que no solo perpetúa privilegios históricos de la Iglesia, sino que también ha sentado un precedente para que otras confesiones busquen replicar estos privilegios dentro del sistema educativo.
Una inercia política que perpetúa el problema
En 2018, la Comisión de Educación del Congreso aprobó una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a garantizar la laicidad en la escuela. Sin embargo, la inacción política ha sido la norma desde entonces. Los distintos gobiernos, tanto del ámbito progresista como conservador, han evitado abordar el problema de raíz, manteniendo el estatus quo en un modelo educativo que segrega y adoctrina, financiado con dinero público.
Las reformas educativas han oscilado entre tímidos intentos de reducir la influencia religiosa y la consolidación de su presencia. El peso de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 sigue marcando el rumbo de la educación pública, garantizando la enseñanza de la religión católica y la contratación de docentes designados por la jerarquía eclesiástica, sin intervención del Estado. Esta anomalía democrática ha sido denunciada durante décadas por colectivos sociales, sindicatos y expertos en educación, que reclaman una verdadera separación entre Iglesia y Estado en las aulas.
La religión en la escuela: un debate abierto
El argumento a favor de la enseñanza religiosa suele apoyarse en el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Sin embargo, este derecho no puede prevalecer sobre el carácter laico que debe regir la educación pública, ni justificar la segregación del alumnado desde la infancia. La educación en valores y la historia de las religiones pueden y deben formar parte del currículo académico, pero desde un enfoque crítico y plural, no confesional.
El impacto de esta realidad trasciende lo meramente educativo. La presencia de la religión en las aulas contribuye a la fractura social, fomentando guetos ideológicos desde la infancia. En un país cada vez más diverso, donde la secularización avanza y el número de personas que se declaran no creyentes o ateas crece cada año, mantener una enseñanza confesional dentro del sistema público es una contradicción con los principios democráticos de igualdad y neutralidad del Estado.
Un cambio necesario y posible
Las alternativas existen. Países de nuestro entorno, como Francia, han establecido un modelo educativo laico en el que la enseñanza de las religiones se enmarca en la historia, la ética o la filosofía, sin catequesis dentro del horario lectivo. España podría seguir ese camino y garantizar que la religión salga de las aulas para ser una opción exclusivamente privada, sin interferencias en la educación pública.
La eliminación de la asignatura confesional, junto con una revisión de los acuerdos con la Santa Sede, permitiría avanzar hacia un sistema educativo más equitativo y libre de injerencias religiosas. Sin embargo, para que este cambio sea una realidad, es imprescindible una voluntad política firme y el respaldo de la sociedad civil. La escuela debe ser un espacio de conocimiento, pensamiento crítico y convivencia, no un terreno abonado para el adoctrinamiento.
El debate sigue abierto, pero la urgencia de un modelo educativo realmente laico es cada vez más evidente. La historia de la religión tiene un lugar en la educación, pero la enseñanza confesional no debería formar parte del currículo de una escuela pública en una democracia avanzada. Además, algunos sectores de la Iglesia siguen intoxicando las almas y manipulando a los adolescentes con cargos de conciencia, afectando su desarrollo emocional y su autonomía crítica. En muchos casos, se inculcan sentimientos de culpa respecto a la sexualidad, la identidad de género o la obediencia ciega a doctrinas dogmáticas, generando inseguridades y conflictos internos en jóvenes en proceso de formación personal. Según informes de asociaciones laicistas y psicológicas, estos mensajes pueden derivar en ansiedad, baja autoestima y dificultades para tomar decisiones de manera libre. La presión moral ejercida en los colegios religiosos y en la asignatura de religión dentro de la escuela pública perpetúa modelos de conducta arcaicos que chocan con los valores de una sociedad democrática y plural. No se trata solo de educación, sino de derechos fundamentales: garantizar una enseñanza libre de imposiciones ideológicas es un paso clave hacia una ciudadanía más crítica y autónoma.
